Ministros de Seguridad que generan inseguridad.

El trabajo de un medio de comunicación serio implica mantener una posición crítica, sospechosa y exigente con el poder. Implica cuestionar las versiones oficiales y las de personas e instituciones con poder económico, político, militar o de cualquier otra naturaleza.

Hacer este trabajo en estados débiles como El Salvador supone poner en riesgo, a veces, más que la credibilidad y el prestigio. Al menos eso es lo que dice el Ministro de Seguridad. El General Munguia Payés sostuvo el viernes pasado una reunión a puerta cerrada con jefes y editores de medios de comunicación a la que no convocó a El Faro, para abordar nuestra información. Ahí les dijo que el trabajo de El Faro era muy arriesgado y que podíamos estar en peligro, y pidió que recordaran lo que le sucedió al documentalista Cristian Poveda.

El ministro Munguía tendrá información privilegiada de los riesgos o los peligros a que la nota en cuestión nos expone, pero de la misma manera tiene también muchos más elementos para garantizar nuestra seguridad, siendo el responsable nacional de ello. Le hemos hecho ya saber también que algunas acciones de acoso y vigilancia contra periodistas de El Faro han sido hechas por agentes del Estado.

Negociación con pandillas, versiones y riesgos. Editorial de El Faro.

Foto: Familiares de desaparecidos mirando fotografías de cadáveres en el Libro de Desaparecidos. /Via Polisílabo + comentario: «Yo no sé si ustedes recuerdan que hace treinta años este era su país. Lean a Munguía Payés. Estamos a nada de volver a ser ESE El Salvador».

Y mientras tanto, en El Salvador, Impresionante:

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Al General le abundó quién le escriba.
Otra ronda de estupideces (que no tiene que ver con las…eh, no amenazas a El Faro, pero es otra joya de la estructura mental del salvadoreño promedio).
Crecen ataques a la prensa en 2011; Veracruz, el estado más violento para periodistas:

“Estamos hablando de acciones de la delincuencia organizada en complicidad con las autoridades, tanto como de ataques a cuenta de políticos y funcionarios coreografiados para endosar la responsabilidad a la delincuencia”, dice el informe.