Victimizar al victimario como acto de “justicia”.

A veces escribo debilidades como la siguiente, porque la academia me permite fantasear. Es lo que se me ocurrió después de un role-playing en el que entrevistaba a un reo para determinar si había sufrido tortura y malos tratos, usando el Protocolo de Estambul (el manual aprobado por las Naciones Unidas para documentar tales cosas); encima la historia me hacía sospechar que lo habían detenido injustamente pero hasta en situaciones hipotéticas mi posibilidad de acción es pírrica. Fue uno de esos días en los que salía del salón meciéndome y murmurando “vale veinte, por qué vine a esta vida”, pero son esas crisis existenciales las que hacen levelear en mi profesión. Bien por mí.

(…”como lo demuestra el presente documento, en El Salvador se están sentando firmemente las bases de una nueva época de protección a los derechos y libertades fundamentales en consonancia con las legítimas aspiraciones de la comunidad internacional. El Gobierno y la sociedad salvadoreña están haciendo los esfuerzos necesarios en el camino hacia la construcción de un nuevo país en paz, democracia y pleno respeto de los derechos humanos”. A’pues.)

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TORTURA Y MALOS TRATOS EN LAS CÁRCELES DE AMÉRICA:
VICTIMIZAR AL VICTIMARIO COMO ACTO DE “JUSTICIA”

América Latina tiene una historia de conquistas, guerras y dictaduras y actualmente muchos de sus países convulsionan por la violencia en muchas modalidades. La peor parte, posiblemente, se la lleva la región centroamericana con la creciente presencia de pandillas y redes de narcotráfico, ambas a veces trabajando en conjunto, que generan una violación cotidiana, brutal y sistemática de los derechos humanos. El narcotráfico victimiza a muchos sectores de la sociedad, incluyendo la niñez y la adolescencia, tal y como se ha constatado en países como México, Bolivia y Colombia (Morsolin, 2011). Las drogas se trafican del sur al norte del continente, con Estados Unidos siendo el consumidor más fuerte (Rocha, 2001) y las armas se trafican de norte a sur (Oliveri, 2011). Además, persisten fuertes redes de corrupción en los aparatos estatales. En El Salvador, por ejemplo, la misma Dirección de Centros Penales reconoce que las cárceles son “universidades del crimen”, sobre las cuales no se tiene control (Valencia, 2011a).

El modus operandi de las pandillas y las redes de narcotráfico incluye extorsiones, secuestros, desapariciones, violaciones, torturas y asesinato, muchas veces ejecutados con barbarie (ver Iraheta, Vásquez y Argueta, 2010; Martínez, 2011; Sanz, 2011). Ante esta alarmante situación, se considera que algunos países son ya estados fallidos y que deben tomarse medidas extremas contra la criminalidad. Guatemala es el ejemplo más dramático, con el fenómeno del linchamiento; ocurre un promedio de 10 linchamientos al mes, esto es, uno de cada 100 homicidios. Aunque se dice que las comunidades indígenas son quienes toman la justicia en sus manos, los linchamientos también son llevados a cabo por capitalinos, universitarios y en un caso, hasta por funcionarios del actual gobierno[1]. Esto es igualmente alarmante no sólo porque refleja un gobierno que no es capaz de dar respuesta al clamor por la seguridad de su ciudadanía, sino también por la disposición de la gente a aplicar castigos con crueldad y por las posibles equivocaciones, como da cuenta la experiencia de un turista japonés linchado por error hace una década (Valencia, 2011b).

Dados los devastadores efectos de la criminalidad, las pandillas y el narcotráfico en la vida cotidiana, el grueso de la opinión pública aboga por acciones de “limpieza social” o que a los delincuentes se les castigue de la misma forma; ante el caso reportado por Iraheta, Vásquez y Argueta (2010) sobre los pandilleros que quemaron un bus con sus pasajeros adentro, una reacción generalizada fue pedir “quemar a todos los pandilleros”, mientras se lamentaba la falta de “cultura” del linchamiento y la ausencia de la pena de muerte en El Salvador. Pedir justicia ante la violenta criminalidad es un tema delicado: por un lado, no se percibe que el sistema judicial esté trabajando correctamente (para el caso de Chile, ver Ohlbaum, 2011); por otro, se suele considerar que el acto cometido, sobre todo si genera daño o muerte a una persona o un grupo de personas inocentes, debe retribuirse de una forma equivalente y “ejemplarizante”.

Esto ha dejado la puerta abierta para un sistema sociopolítico permisivo y partidario de los malos tratos y la tortura hacia los acusados y acusadas de diversos delitos. En diciembre de 1984, las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Tortura, que ya ha sido ratificada por 150 estados, y que estipula que bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en una guerra o una situación de emergencia, está justificado el uso de la tortura u otros malos tratos (Munera, 2011; Nordgren, Morris y Loewell, 2011). Pero en la lucha contra la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico se ha obviado este acuerdo y se aprueba y alienta el uso de la fuerza, la cual pasa por métodos de tortura, de espionaje, de persecución y de criminalización de los sectores que sean vistos como amenaza (Irala, 2011)

Los aparatos estatales y parte de la sociedad legitiman la tortura y los malos tratos, siendo ésta una práctica habitual que se enmarca en un orden político, de poder y dominación, para obtener información, buscar culpables, amedrentar y controlar ciertos sectores sociales (Irala, 2011). Amnistía Internacional constata que en el 2010 hubo casos de tortura y malos tratos en más de 98 países (Munera, 2011). Actualmente las torturas y malos tratos se disfrazan con nombres como “interrogatorios coercitivos”, “técnicas de interrogación para fuentes no cooperantes”, o “técnicas avanzadas de interrogación policial” (Irala, 2011). Los gobiernos actúan en complicidad con los medios de comunicación y ONGs (Carotenuto, 2007) y con profesionales de la salud, como los médicos en Guantánamo que ocultan los efectos de la tortura en los prisioneros (Iacopino y Xenakis, 2011) o los psicólogos que perfeccionan estas técnicas (Fresneda, 2007).

Suele decirse que para conocer la realidad de una sociedad se deben conocer sus cárceles. Y volver la mirada a la situación de las cárceles en América no es nada alentador. Las cárceles de Estados Unidos tiene tras las rejas a un cuarto de la población penitenciaria de todo el mundo (Nuñez, 2011). El sistema penitenciario de El Salvador reporta sobrepoblación del 200% y dado que las cárceles ya no reciben más reos, las bartolinas policiales albergan a los nuevos reclusos, colocando a 80 personas en espacios para 40 (Arias, 2011)[2]. Las cárceles de Buenos Aires también reportan un índice de ocupación carcelaria del 167%, subiendo a 192% si se toma en cuenta las comisarías; una comisaría en específico reportó en el 2010 un hacinamiento del 300% (CPM, 2011).

En muchas cárceles, los castigos van más allá de la privación de libertad y aquí está el riesgo de victimizar o revictimizar al victimario, algo que, a primera vista, podría considerarse un acto de justicia por los crímenes cometidos. Uno de los castigos que a veces usan los agentes en las bartolinas de El Salvador para imponer disciplina entre el hacinamiento es privar del turno para usar el inodoro (Arias, 2011). El Informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de Argentina revela que de septiembre de 2010 a marzo 2011 se reportó 743 hechos de tortura y/o malos tratos; la mayoría fueron calificados por los fiscales como “apremios o vejaciones”, lo que implica una pena mucho menor a la de “tortura”, a pesar de que los métodos eran los mismos: el submarino, choques eléctricos, golpizas, duchas o manguerazos de agua fría, aislamiento, e incluso la desaparición, lo cual garantiza impunidad en la investigación y el envío de un mensaje al entorno de la persona desaparecida. Según el Informe, no son hechos aislados sino parte de una práctica sistemática de la policía de Buenos Aires. En Paraguay, la legislación nacional considera la tortura como un delito pero se reporta esta práctica con frecuencia, enmarcada en la Academia Militar, el Servicio Militar Obligatorio, las Comisarías, y hasta a familias campesinas, a mujeres y hombres de sectores empobrecidos, cuando se apresan tras conflictos por desalojos (Irala, 2011). En México, La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de León entrena a sus policías en técnicas de tortura, como el tehuacanazo (inyectar agua mineral por las fosas nasales) y el pocito (cubrir el rostro del detenido y amenazar con meter su cabeza entre excrementos), legitimándolas como forma de combatir al crimen organizado (García, 2008)[3].

La violación sexual también ocurre con frecuencia dentro de las cárceles, siendo de gran crueldad y brutalidad (Human Rights Watch, 2001; Revista Enfoques, 2007), y constituyendo una réplica de los aspectos psicológicos y económicos de la esclavitud tradicional (CPM, 2011). Por ejemplo, la venta de prisioneros como esclavos sexuales dentro de las cárceles de EEUU es una de las modalidades a las que recurren grupos como la Mafia Mexicana, los Sureños y los Norteños, para incrementar su poder y ganancias (Nuñez, 2011). Human Rights Watch (2001) señala que los funcionarios de prisiones estadounidenses no hacen nada para detener los ataques sexuales, a pesar de que conocen su existencia; al contrario, forman parte de la impunidad. Señalamientos similares se hacen en El Salvador (Revista Enfoques, 2007) y en Argentina (CPM, 2011).

De este modo, en el tema del combate a la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico, conviven la impotencia y la negligencia estatal y falta de efectividad judicial junto con el viejo paradigma de la mano dura y lo punitivo (CPM, 2011).El CPM señala que muchas prácticas de tortura y malos tratos en las cárceles de Buenos Aires son herencia de la dictadura, antecedentes que no le son ajenos a otros países de América Latina. Pero más allá de eso, existe una estructura sociohistórica que da cuenta de la multicausalidad de estos fenómenos delictivos ante lo cual lo único que se hace es recrudecer las leyes y dar más poder a la policía.

Ante todo esto, es fundamental hacer algunas consideraciones. La primera es que Nordgren, Morris y Loewestein (2011), hacen un llamado a reconsiderar la definición de tortura de las Naciones Unidas, porque ésta se basa en la severidad del dolor infligido, y resulta fácil minimizar el sufrimiento psicológico y físico de quienes lo sufren, sobre todo a la luz de la supuesta legitimidad del sistema de justicia. La segunda es que buena parte del crimen organizado opera bajo la venia de poderes estatales y otros considerados legítimos, o al menos, frente a su indiferencia; la impunidad y la corrupción en las cúpulas alimentan el accionar de las pandillas y del narcotráfico. En tercer lugar, las personas tras las rejas han cometido delitos de magnitud variable, y otras ni siquiera han cometido delito alguno. Los efectos de los conflictos sociales generados por la desigualdad se solucionan, a veces de modo cuestionable, por el sistema penal. Se trabaja además sobre la idea de promover el miedo al “otro” y la creciente demanda punitiva, sobre todo hacia la juventud. La represión policial y malos tratos aumentan ante las manifestaciones que piden reformas de diversas clases, como ha sido el caso de las protestas estudiantiles en Chile (El Diario 24, 2011; Resumen, 2011).

Por ello, vale la pena cuestionar formas tradicionales y alternativas de hacer justicia. Por ejemplo, Hess (2011) abre el debate sobre la pena de muerte y el encarcelamiento sin derecho a libertad condicional (“muerte civil”), como el abandono del intento de rehabilitar delincuentes para reintroducirlos a la sociedad. Cuestiones humanitarias aparte, esto también resulta oneroso. Otro debate es qué clase de trato deben recibir las personas reclusas. Ante el hacinamiento en las cárceles de El Salvador, es común que la ciudadanía aplauda las carencias y malos tratos hacia los reos, como forma de purgar su crimen, rechazando el acceso al mínimo de derechos humanos porque ellos vulneraron los derechos de otras personas.

Vale la pena, por último, cuestionar qué se quiere lograr al sancionar a los victimarios. Pareciera que la idea justicia dentro de sociedades plagadas por la violencia toma como base el adagio “ojo por ojo”. Siguiendo esa lógica, no es extraño que la persona, al terminar su condena y aún mientras la cumple, perpetúe el ciclo de violencia en su entorno social. Ante los llamados de la ciudadanía a ejercer o a legitimar la violencia como forma de castigar a quienes ejercen violencia, conviene recordar a Carotenuto (2007) al referirse a las torturas en la llamada Guerra contra el Terrorismo: “saltar el límite de la tortura lo único que hace es igualar a los torturadores con los presuntos terroristas infrahumanos a quienes combaten”. Sin olvidar que muchas veces se está tratando con criminales que deshumanizan a sus víctimas, es necesario que en la búsqueda de la justicia se evite caer en esa misma deshumanización.

A lo largo de América se justifica más y más utilizar métodos crueles como castigo ejemplarizante a quienes mantienen en vilo la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Pero se olvidan – acaso por conveniencia- las causas del auge de la criminalidad común y organizada, y la rehabilitación y prevención son conceptos que pasan a segundo plano y predomina el impacto inmediato y la urgencia de dar una respuesta “rápida”. A pesar de los linchamientos, la apertura de más cárceles, la militarización del ejército, los planes de mano dura y los malos tratos dentro de los recintos penitenciarios, los índices y la gravedad de la criminalidad no hacen más que aumentar.

Siento repugnancia, rabia ante la brutalidad de una muerte injusta, tan lejana a la justicia en la que yo creo. Una muerte impune, nunca denunciada, que nunca importó a nadie porque la víctima era un pandillero metido en ese agujero llamado cárcel en el que a los ciudadanos de bien no nos importa que se pudra la gente o se mate en ella. Para eso, parece, mandamos a seres humanos a prisión: para que no estorben, para olvidarlos, para deshacernos de ellos. En el fondo, los carniceros del Barrio 18 aquel día en aquel penal estaban haciendo un fúnebre servicio público. Desvanecieron a un hombre, a un problema.

(Sanz, 2011)

[1] En la nota de Valencia (2011b), se muestra una foto que data de algunos años, en la que ahora funcionarios del actual gobierno de Guatemala, entonces periodistas, intentan linchar a una persona que atacó a un colega.

[2] Muchas veces esto implica colocar juntos a miembros de pandillas contrarias, lo que a su vez es un riesgo para la seguridad de estos y otros reclusos, e incluso para los custodios.

[3] Según García (2011), dos videos que circularon en Internet muestran a un extranjero, al parecer estadounidense, guiando los tormentos a los que son sometidos voluntarios del Grupo Especial Táctico (GET). Uno de los videos muestra que uno de los agentes participantes en el entrenamiento no soportó la tortura y vomitó; el instructor lo obligó a girar y otro de los participantes lo arrastró sobre su vómito.

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Referencias

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Carotenuto, G. (2007). Reporteros sin Fronteras: “Sí a la tortura”. Rebelión. Extraído el 19 de julio de 2011 desde: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=55497

Comisión Provincial por la Memoria (2011). El sistema de la crueldad VI. Informe anual 2011. Violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Latingráfica.

El Diario 24 (2011, 24 de julio). Chile: represión policial contra las manifestaciones pacíficas de estudiantes. El Diario 24. Extraído el 24 de Julio de 2001 desde: http://www.eldiario24.com/nota/228149/chile-represion-policial-contra-las-manifestaciones-pacificas-de-estudiantes.html.

Revista Enfoques (2007, 11 de noviembre). Donde el control es de los reos. La Prensa Gráfica, La sociedad de los barrotes. P. 11.

Fresneda, C. (2007). Dos psicólogos de la CIA, investigados por su papel en los abusos cometidos contra los presos. Rebelión. Extraído el 19 de julio de 2011 desde: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=52778

García, C. (2008). Seguridad Pública de León enseña a policías a torturar. Periódico La Jornada. Extraído el 19 de julio de 2011 desde: http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=estados&article=028n1est.

Hess, A. (2011). Weighing the Death Penalty vs. Life Without Parole. Extraído el 19 de julio de 2011 desde: http://www.good.is/post/weighing-the-death-penalty-vs-life-without-parole/.

Human Rights Watch (2001). Sin salida. Violación de hombres en prisiones de Estados Unidos. Extraído el 20 de julio de 2011 desde: http://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2001/eeuu_hombres.html.

Iacopino, V., Xenakis, S. (2011). Neglect of Medical Evidence of Torture in Guantánamo Bay: A Case Series. PLoS Medicine, 8(4). DOI:10.1371/journal.pmed.1001028

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